Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

George Contogeorgis, Manifiesto para una “sociedad de ciudadanos”

Manifiesto para una “sociedad de ciudadanos”

George Contogeorgis


          El marco del desafío

          No nos hagamos ilusiones. Las manifestaciones y las concentraciones en las calles y plazas no tienen salida porque no apuntan a las causas del problema : la concentración monopolística de la totalidad del poder político entre las manos de los poseedores del Estado. Cuando la sociedad de los ciudadanos, ya tranquilizada o agotada, vuelva a sus hogares, los políticos seguirán discutiendo y decidiendo en total complicidad con los agentes internos y externos de los mecanismos que los aprisionan, en la superficie de la política, (y que les suministran fuerza, dinero, comunicación, etc.).
          Es urgente entender que la causa fundamental del problema actual reside en que el sistema político de la modernidad ni es democrático ni es representativo. La plantilla política detiene en indiviso, a la vez la calidad de mandantes y la de mandatarios, mientras la sociedad de los ciudadanos está confinada en la esfera privada. Vehiculadas por este sistema político y por su fatal degeneración en partidocracia dinástica, las fuerzas que definen el orden mundial han conseguido controlar el Estado e imponer su dominio político sobre la sociedad de los ciudadanos.
          El desafío de la concentración de « Syntagma » coloca por primera vez a la sociedad de los ciudadanos frente a la totalidad de los poseedores del Estado (políticos y demás). Esto demuestra por sí sólo que el colectivo ha dejado de presentarse como expresión de la masa y que se reivindica como la suma de los ciudadanos. La reafirmación de la individualidad en el seno del colectivo conlleva que el ciudadano deja de ser un sujeto instrumentalizado y pasa a ser una entidad libre y emancipada que influye en los acontecimientos ; ya no una fuerza extra–politeia sino un elemento que forma parte de la politeia. Es pues evidente que cuando los pensadores de la modernidad afirman que Estado y sistema político se confunden, están totalmente equivocados.

          El marco de la transformación.

          En estas condiciones, la sociedad de los ciudadanos tiene que :
a)                 Percatarse de que, hoy día, la protesta extra-institucional es una forma de oposición totalmente irrisoria frente a los colosos que gobiernan el mundo.
          Debemos ser concientes de que se acabó el tiempo del funcionamiento extra-institucional de la colectividad. Las colectividades no-institucionales duran menos que la necesidad que les dio vida. Corren el peligro ya de degenerar ya de ser contaminadas por los poderes constituidos y por las fuerzas que se oponen a la emancipación de la sociedad de los ciudadanos. Este riesgo crece cuando el desafío de la sociedad de los ciudadanos tiene por marco una nación pequeña y se enfrenta con la dinámica interna de los países del complejo hegemónico que determina la situación mundial y, a fortiori, con sus intereses.
b)                Apoderarse del sistema político ; exigir la suspensión de los artículos de la Constitución que suprimen el principio representativo de la politeia, que la privan a sí misma de su condición de mandante.
          La sociedad de los ciudadanos debe proponer leyes que acaben con el carácter « poseído » del Estado y con la partidocracia dinástica, leyes tales que los políticos, en adelante, dependan de la sociedad de los ciudadanos ; leyes que supriman su “inmunidad” y que los lleven directamente ante un tribunal por sus actuaciones políticas ; leyes que den al ciudadano el derecho de tener un “interés en intervenir” en caso de que los agentes de la administración o los políticos le perjudiquen.
          Por fin, la sociedad de los ciudadanos tendrá que definir las orientaciones políticas y el marco en el cual el poder político tendrá obligación de gobernar.
c)       Dentro de ese marco, formular reivindicaciones realistas en términos « legislativos » claros.

          En las circunstancias actuales, es realista y necesario :
- Institucionalizar la competencia para el « control » del personal político (de la administración y de la justicia) de un tribunal especialmente creado con ese fin. Ese control también debe incluir a los individuos/miembros (por ejemplo al diputado, cada seis meses, por un grupo de ciudadanos sorteados en su circunscripción electoral) y las instituciones políticas (Cortes, gobierno, etc.)
- Abolir la inmunidad y abrogar las leyes que conciernen la responsabilidad del personal político. Introducir la responsabilidad política de los políticos por sus actos políticos (u omisiones) que perjudican a la sociedad de los ciudadanos. Afirmar claramente que la finalidad de la política es el interés de la (nación) sociedad y no el (de la nación) del Estado. Es inconcebible que en este siglo XXI vivamos bajo un régimen anterior al de Solón. Los políticos deben estar sometidos, en cuanto a los daños ocasionados por su actuación  política, al derecho común, con el agravante de que el delito político perjudica a mayor número de personas que el delito ordinario. El tribunal competente debe estar formado por un cuerpo de jueces sorteados con la participación de ciudadanos jurados .
- Reconocerle al ciudadano un derecho de « interés en intervenir » en caso de ser perjudicado por los agentes de la administración, de la justicia o por los políticos. El agente administrativo, judicial y político y, accesoriamente el Estado, deben ser responsables directamente ante el ciudadano.
- Exigir que la sociedad de los ciudadanos exprese obligatoriamente su dictamen (su voluntad) antes de cualquier toma de decisión política (gubernamental o legislativa) y que tenga la posibilidad de plantear las cuestiones políticas que ella estime merecer una discusión (por ejemplo : la eficacia del funcionamiento de la administración). Prácticamente, se podría recurrir al sondeo científico : no es indispensable reunir cada vez  la totalidad de la sociedad en la plaza Syntagma. Antes de cada decisión, se debería conocer por sondeo el deseo de la sociedad. O mejor dicho, debería crearse un demos sondeable en permanencia, que discutiría y se pronunciaría sobre los problemas políticos de la nación. Este es uno de los muchos ejemplos de una reglamentación que haría posible pasar a una forma mejor de representación. Pero esto exige que la sociedad de los ciudadanos entre institucionalmente en política. Que tome parte en las decisiones.
- Hacer sobresalir de esta forma lo que la sociedad de los ciudadanos considera o no ser su interés. De momento, bastaría con la obligación de emitir un parecer sin ir hasta imponerle al poder político someterse a ese parecer. « Control » y « responsabilidad », combinados con el proceso electoral, equilibrarán la voluntad del poder político de ser autónomo e incluso de capitular ante poderes exógenos (por ejemplo, los mercados).
- Exigir del Parlamento que renuncie a su abusiva « competencia » de legislar sobre temas que atañen a la responsabilidad política de sus miembros y especialmente que rehuse gestionar sus responsabilidades. Que se lleven ante la justicia todos los asuntos de inmunidad y todos los escándalos acaecidos desde 1974. Por sí, los asuntos en relación con las responsabilidades de los políticos no son prescriptibles.
          La mayor parte de estas disposiciones no exigen una revisión de la Constitución. La sociedad de los ciudadanos reclamará sencillamente la suspensión de los artículos de la Constitución que reservan la calidad de mandante al poder político.

          El marco de la acción política

          Dado por sentado que la misión del sistema político de la modernidad está terminada y que con ella, también se ha terminado la eficacia de las formas de acción extra-institucionales tradicionales, propongo :
-                     Que la sociedad de los ciudadanos ponga el cerco, pacíficamente pero masivamente, al Parlamento (de preferencia cuando alguna sesión plenaria) y a la sede del Gobierno (cuando el Primer ministro/monarca esté reunido con sus colaboradores) y exija la adopción de sus proposiciones legislativas. Y si es necesario, que no los dejen irse antes de que lo hayan hecho o exijan que se reúnan para hacerlo. Si el poder político trata de impedir, de cualquier manera que sea, la expresión de la opinión de los ciudadanos, que todos se tumben de espaldas en el suelo, como un sólo cuerpo. Lo único que el poder saldrá ganando será que el sistema pierda toda legitimidad. El « contrato social » que relega a la sociedad de los ciudadanos al estatus de particular, presupone su consentimiento, aunque sólo sea tácito. Si dicho contrato es masivamente controvertido, cabe imaginarlo roto, luego el cuerpo de la sociedad de los ciudadanos debe volver a pronunciarse. En todos los casos, la clase política se ha mostrado indigna de la confianza ciega que le había concedido la sociedad de los ciudadanos y, aún más, ha abusado de su papel, conllevando desastrosas consecuencias para el país.
          Que la sociedad de los ciudadanos prosiga así hasta obtener la garantía de conseguir una expresión institucional y ser obligatoriamente considerada por las decisiones políticas.
          Que la sociedad de los ciudadanos proclame claramente que ella es la razón de ser tanto del Estado como de los políticos y de la economía, que ella es quien encarna y expresa a la nación. Que el interés de la sociedad de los ciudadanos es la única « finalidad » de la función política. Que ella, la sociedad, y no ellos, los políticos, es quien tiene competencia para dar forma a las políticas que corresponden con el bien común. Que el lugar que le corresponde a la sociedad está en el sistema político y no en las plazas. Y que el tiempo en que el sistema daba carta blanca a los políticos para que interpretaran los deseos de la sociedad y decidieran en lo que reza a sus intereses ha pasado definitivamente. Ha llegado la hora de que la sociedad de los ciudadanos reivindique el cambio del sistema político y consiga que su sufragio tenga un contenido representativo (y no mero valor de legitimación), de dejar de filosofar y de hacer presión sobre el poder para que actúe a favor del bien común. Ha llagado la hora de que la sociedad de los ciudadanos asuma ella misma la competencia de co-decisión, recupere el derecho de « controlar » y de « responsabilizar/sancionar » a los políticos, de que vuelva a cobrar la cualidad de mandante en lugar de consentir a seguir confinada en la esfera privada, dejándo a los políticos actuar según su voluntad y repartirse el Estado con otros aprovechones de toda calaña de las colusiones de intereses.
          Cuando la sociedad de los ciudadanos entienda cuáles son las causas de su problema y proclame el fin del « contrato social » que le han impuesto unilateralmente los amos del Estado, cuando exprese terminantemente su exigencia de ser actriz institucional del Estado y no sujeto, cuando se dé cuenta de que es la fuente fundamental de todo poder y, naturalmente, de su propia existencia, comprobará la eficacia de su poder. Entonces, los políticos tendrán que escoger o bien el rechazo, esto es el retroceso, lo cual pondrá en peligro la totalidad de su autoritarismo, o bien su metamorfosis en servidores de la sociedad de los ciudadanos y simples mandatarios de sus intereses.        Frente a este desafío, la sociedad de los ciudadanos disfruta de una ventaja : el tiempo del sistema político (ni democrático ni representativo) que engendró esa Europa surgida del despotismo medieval así como el tiempo de su versión degenerada, la partidocracia, han pasado. Ni el mismo sistema ni la actividad extra-estatal reservada a la sociedad de los ciudadanos pueden echar abajo la unívoca hegemonía política de los « mercados » que protege « el orden legal » planetario.
          En todo caso, la clase política carece totalmente de legitimidad para negarle a la sociedad de los ciudadanos el derecho, si tal es su deseo, de retirarle su confianza al sistema político que le impide participar en el proceso de la toma de decisiones.

Simone LE BARON
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